Reforma busca frenar corrupción que afecta patrimonio, desarrollo urbano y recursos hídricos
Olivia Arredondo
La diputada local Claudia Díaz Gayou propuso reformar el Código Penal estatal para elevar las sanciones contra conductas relacionadas con el despojo de tierras e inmuebles, el uso ilícito y abuso del agua, así como irregularidades en permisos, catastros y uso de suelo.
La iniciativa plantea adicionar el artículo 220 Bis y establece penas de entre 15 y 50 años de prisión para los delitos que así correspondan. También contempla multas, destitución e inhabilitación para servidores públicos que participen, faciliten o sean cómplices de estas prácticas.
El planteamiento busca ampliar las herramientas legales frente a hechos que puedan afectar el patrimonio de las familias, el desarrollo urbano y el acceso adecuado al agua. La propuesta incorpora como materia de sanción conductas relacionadas con el denominado “cártel inmobiliario”.
Entre los supuestos señalados, están el despojo de terrenos y propiedades, el uso ilícito o abuso del agua y la manipulación de permisos, catastros y uso de suelo.
La iniciativa pone especial atención en la actuación de funcionarios. Busca establecer una responsabilidad más clara cuando desde el servicio público se intervenga para permitir, facilitar o encubrir conductas ilícitas, con consecuencias que podrían incluir sanciones económicas, separación del cargo e inhabilitación.
El documento parte de que las instituciones deben proteger el patrimonio de las familias y garantizar que los recursos públicos y naturales sean utilizados conforme a la ley. También plantea impedir que las estructuras gubernamentales sean empleadas para favorecer intereses particulares.
“El poder público no puede ser cómplice”, señala la propuesta al explicar el sentido de las modificaciones. Bajo esa premisa, Claudia Díaz Gayou plantea fortalecer el marco penal estatal para perseguir conductas que puedan constituir delitos y generar afectaciones al patrimonio, al territorio o a los recursos hídricos.
La discusión coloca en el ámbito legislativo la relación entre vivienda, territorio y agua, y el ordenamiento territorial en el estado de Querétaro. La iniciativa sostiene que quienes intervengan en actos de corrupción, despojo o aprovechamiento ilegal de recursos deben enfrentar consecuencias acordes con la gravedad de sus acciones.
Las medidas todavía no son aplicables. Al tratarse de una iniciativa, deberán analizarse, discutirse y votarse conforme al procedimiento legislativo correspondiente antes de que alguna modificación pueda entrar en vigor.
