Informe destaca Reformas contra violencia, cambios electorales y medidas de protección social
Olivia Arredondo
El Congreso del Estado de Querétaro logró reformas en materia de justicia, seguridad, derechos humanos, igualdad, salud, democracia, medio ambiente y desarrollo social durante el segundo año de ejercicio constitucional de la 61 Legislatura, periodo comprendido entre septiembre de 2025 y el 15 de agosto de 2026.
El informe fue presentado por el presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, quien destacó entre los principales asuntos legislativos la armonización del marco jurídico estatal con las modificaciones constitucionales federales en materia judicial, así como reformas relacionadas con violencia de género, participación política, derechos laborales, educación digital y protección ambiental.
Uno de los puntos de mayor alcance corresponde al proceso de transformación del Poder Judicial. El Congreso modificó la Constitución local para establecer que, originalmente, en 2027 serían elegidos mediante voto popular la totalidad de jueces, magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial.
Sin embargo, la Legislatura trabaja actualmente en una nueva armonización constitucional derivada de la reforma federal del 2 de junio de 2026, que modificó la fecha de la jornada electoral judicial para 2028.
El documento plantea que la elección popular de juzgadores representa un cambio en la estructura institucional de la justicia. En el informeseñala: “Es un derecho del pueblo decidir de forma democrática a las y los juzgadores”.
En justicia civil y familiar, el Congreso aprobó la declaratoria para iniciar la vigencia en Querétaro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con la intención de avanzar hacia una aplicación progresiva y ordenada del nuevo modelo nacional.
Otro bloque relevante estuvo relacionado con la violencia contra las mujeres. La Legislatura reportó modificaciones al Código Penal para homologar disposiciones sobre acoso sexual y reformas al Código Civil y Penal para establecer la pérdida de la patria potestad cuando una persona sea condenada por feminicidio contra la madre de niñas, niños o adolescentes sujetos a ese régimen.
También se ampliaron las conductas relacionadas con violación de la intimidad sexual, incluyendo mecanismos vinculados con la creación de contenido sexual falso, difusión no consensuada de imágenes íntimas y explotación mediante medios electrónicos, bajo lo que el informe identifica como “Ley Valeria”.
En seguridad pública, el Congreso informó la creación de una Unidad Especializada en materia de extorsión dentro de la Fiscalía General del Estado, además de una Unidad Central de Delitos Patrimoniales para atender investigaciones consideradas de alta complejidad.
El paquete legislativo también incorporó perspectiva de género en actuaciones de seguridad pública, policía de proximidad, tránsito y justicia cívica municipal. Asimismo, se establecieron disposiciones para prevenir la revictimización y violencia institucional contra mujeres.
Entre las reformas de seguridad destaca además la tipificación como delito de conducir un vehículo de motor en estado de ebriedad o bajo los efectos de determinadas sustancias cuando, por culpa, se provoque la muerte de una persona.
En materia de movilidad y seguridad para mujeres y niñas, el Congreso exhortó al Poder Ejecutivo y a los municipios a implementar “Senderos Seguros”.
El informe también aborda la protección civil ante el incremento de fenómenos como lluvias intensas e inundaciones y destaca el homenaje al Ejército Mexicano mediante la inscripción de su nombre con letras doradas en el Salón de Sesiones “Constituyentes 1916-1917”, acompañado de la frase “Patria, Honor y Lealtad”.
En derechos laborales, la Legislatura aprobó la minuta de reforma constitucional relacionada con la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Además, estableció restricciones para que personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias ocupen determinados empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal.
En igualdad y derechos de las mujeres, el Congreso modificó la Constitución local para establecer medidas destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, además de combatir la brecha salarial.
También se incorporaron disposiciones sobre violencia durante la lactancia y se impulsaron reformas relacionadas con educación menstrual y la construcción de entornos escolares inclusivos y con perspectiva de género.
Otro asunto que tendrá impacto político y social es la regulación del reconocimiento de la identidad de género autopercibida mediante un procedimiento administrativo ante el Registro Civil, de acuerdo con las modificaciones al Código Civil señaladas en el informe.
La Legislatura reportó además cambios en educación para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de información y comunicación entre niñas, niños y adolescentes, así como mecanismos para fortalecer sus derechos en el entorno digital.
En materia ambiental, se prohibió la circulación de vehículos recreativos todo terreno en áreas naturales protegidas y otras zonas de conservación, aunque se contempla su autorización excepcional cuando las autoridades determinen que no existe afectación ambiental, a la biodiversidad o a terceros.
El ámbito electoral también concentró parte importante del trabajo legislativo. El informe señala que la reforma a la Ley Electoral estableció que el 50 por ciento de participación de las mujeres constituye un piso mínimo y no un límite, además de contemplar que mujeres encabecen planillas de ayuntamientos en al menos dos municipios donde históricamente no han gobernado.
La reforma incorporó igualmente disposiciones para atender violencia política contra las mujeres mediante medios digitales y mecanismos para facilitar el voto de personas en prisión preventiva sin sentencia condenatoria y de personas en estado de postración, así como sus cuidadoras primarias.
Uno de los elementos más actuales de la legislación electoral es la incorporación de medidas frente al uso de inteligencia artificial y herramientas digitales capaces de manipular imágenes, audios o videos para generar contenidos falsos que puedan afectar la equidad de una contienda electoral o los derechos de las candidaturas.
En materia de participación ciudadana, el Congreso informó la incorporación del parlamento abierto como herramienta legislativa para promover transparencia, acceso a información, rendición de cuentas y participación de organizaciones civiles, academia y ciudadanía.
El documento señala: “Porque la democracia no se agota en las urnas: se construye todos los días en la forma en que se ejerce el poder y se toman las decisiones públicas.”
En salud pública, el informe destaca el denominado Código Mariposa, orientado a fortalecer la atención a mujeres y familias que enfrentan pérdidas gestacionales o perinatales. También se reportaron disposiciones para prevención y atención del cáncer de próstata, diabetes y salud mental, además de exhortos para reforzar acciones contra el dengue.
En Cultura, el Congreso exhortó a impulsar programas de lectura en paraderos del transporte público y solicitó declarar como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado el Arte Textil de Lana del municipio de Colón.
En finanzas públicas, el informe sostiene que la Legislatura aprobó paquetes económicos bajo el objetivo de mantener finanzas sanas, sin crear nuevos impuestos, y plantea priorizar recursos para infraestructura, municipios del semidesierto y la Sierra, comunidades indígenas y personas con discapacidad.
Finalmente, el Congreso informó que recibió reportes de organismos como la Defensoría de los Derechos Humanos, Fiscalía General del Estado, Fiscalía Anticorrupción, Tribunal de Justicia Administrativa, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.
En materia de comunicación institucional, reportó la difusión de 26 sesiones de Pleno, 69 sesiones de comisiones y 92 ruedas de prensa encabezadas por grupos o fracciones parlamentarias durante el periodo.
El balance presentado por la Mesa Directiva coloca como principales ejes del segundo año legislativo la transformación judicial, la seguridad, los derechos humanos, la igualdad de género, la actualización electoral, la protección social y la incorporación de nuevas reglas frente a los desafíos tecnológicos.