Estima cincuenta mil familias viviendo actualmente en asentamientos irregulares de Querétaro 

Olivia Arredondo

El senador por Querétaro del Partido Acción Nacional, Agustín Dorantes Lámbarri, anunció una estrategia legislativa y de gestión para acelerar la regularización de asentamientos irregulares en el estado, al considerar que la lentitud de los trámites mantiene durante años a miles de familias sin certeza jurídica sobre su patrimonio y sin acceso pleno a servicios públicos. En conferencia de prensa, acompañado por representantes de distintas colonias, adelantó que impulsará reformas a las leyes federal y local, presentará un exhorto en el Senado y sostendrá reuniones con autoridades del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) para destrabar expedientes rezagados. 

El legislador dijo que la regularización no solo permite obtener escrituras, sino también heredar el patrimonio familiar y facilitar la llegada de infraestructura básica. “Vamos a hacer un esfuerzo, una cruzada, un impulso a los distintos procesos de asentamiento irregular que hay en el Estado con las distintas dependencias, con el objetivo de garantizar la certeza patrimonial de su terreno, de su propiedad, de su vivienda”, afirmó. Abundó que este proceso también busca que las familias “puedan avanzar en garantizar sus derechos sociales, que puedan tener servicios públicos, que puedan tener áreas de equipamiento, que puedan tener calles dignas”. 

Explicó que muchos asentamientos acumulan alrededor de 15 años intentando regularizarse y señaló que los cambios constantes de funcionarios en dependencias federales frenan la continuidad de los procedimientos. Indicó que ya solicitó una reunión con el director general del INSUS, prevista para los primeros días de agosto, con el propósito de eliminar obstáculos administrativos en los casos más avanzados y en aquellos que permanecen detenidos desde hace años. 

Representantes de Bosques de San Pablo, Halcones, Altos del Salitre y Las Margaritas expusieron que sus colonias enfrentan rezagos de entre 19 y 33 años, además de carencias de agua potable, drenaje, transporte público, escrituración y certeza jurídica. Coincidieron en que la burocracia, los cambios de autoridades y diversos requisitos administrativos han prolongado los procesos de regularización. 

El senador informó que la Secretaría de Desarrollo Social estatal tiene identificados mil 168 asentamientos irregulares en Querétaro, de los cuales 241 ya fueron regularizados, 492 iniciaron su proceso y 435 aún no lo hacen. Además, estimó que alrededor de 50 mil familias habitan actualmente en este tipo de asentamientos. 

“Presentaremos reformas a la legislación federal y local para que sea más sencillo y disminuir los tiempos”, manifestó. También aclaró que únicamente pueden regularizarse los asentamientos constituidos antes de 2012, al señalar que la legislación busca resolver problemas históricos sin incentivar nuevas ocupaciones irregulares. “Necesitamos generar una agenda donde se vayan destrabando los obstáculos y encontrar el ‘cómo sí’ en lugar del ‘cómo no'”, enfatizó.