Se busca crear mecanismos efectivos contra agresiones, intimidación y presiones económicas
Olivia Arredondo
La diputada local Claudia Díaz Gayou presentó una iniciativa de Reforma Constitucional para que el Estado y los municipios de Querétaro asuman de manera expresa la obligación de proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, con el objetivo de fortalecer las garantías para quienes ejercen labores de información, denuncia y defensa de causas sociales.
Sostuvo que la propuesta busca elevar a rango constitucional la protección de la vida, integridad, libertad y seguridad de ambos sectores, al considerar que las agresiones contra periodistas y activistas afectan derechos fundamentales de toda la sociedad. “Cuando se ataca a un periodista, cuando se intimida a un reportero, cuando se amenaza a una persona defensora de derechos humanos, no solamente se agrede a una persona en lo individual. Se vulnera el derecho de toda la sociedad a estar informada”, afirmó.
Díaz Gayou señaló que la iniciativa fue presentada el pasado viernes y plantea modificar el Artículo 2 de la Constitución local para establecer que las autoridades estatales y municipales garanticen la protección de quienes desempeñan estas actividades. Explicó que la reforma pretende convertir esta obligación en un compromiso permanente de las instituciones y no únicamente en una política temporal.
Durante la presentación, la diputada también cuestionó prácticas que, dijo, afectan el ejercicio periodístico, particularmente las presiones económicas. “Ningún medio de comunicación debe verse obligado a elegir entre informar con libertad o garantizar su viabilidad financiera. La crítica al poder nunca debe responderse con un veto al bolsillo. La presión económica también es violencia y así debe ser reconocida”, expresó.
Como parte de la argumentación de la iniciativa, refirió observaciones de organismos internacionales sobre los riesgos que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos en México. Mencionó que la Organización de las Naciones Unidas ha advertido sobre un contexto marcado por violencia, amenazas y agresiones, mientras que Reporteros Sin Fronteras ubica al país entre los más peligrosos para ejercer el periodismo.
La legisladora indicó que, aunque existe una ley federal en la materia desde 2012, organismos internacionales han señalado la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades estatales y municipales. Por ello, adelantó que la reforma constitucional será acompañada por la construcción de una ley secundaria que defina mecanismos de protección, evaluación de riesgos, sanciones, recursos y formas de coordinación institucional.
Asimismo, anunció la realización de un parlamento abierto durante junio para recoger propuestas de periodistas, medios de comunicación, activistas e instituciones. “Necesitamos una ley secundaria de este tema”,enfatizó.
Al ser cuestionada sobre la situación de la libertad de expresión en Querétaro, reconoció que la iniciativa surge ante la necesidad de fortalecer herramientas jurídicas para inhibir agresiones y actos de coacción. “Se ha estado buscando herramientas jurídicas y legal para poder inhibir este tipo de agresiones y de esta coacción del tema de la libertad de expresión”, declaró.