Diputado pide atender causas estructurales antes de imponer sanciones contra ciudadanos y protestas
Olivia Arredondo
Las iniciativas para sancionar a menores y restringir bloqueos ciudadanos evidencian una tendencia a responder con castigos antes que con soluciones de fondo a los problemas sociales en Querétaro, aseguró el diputado Ulises Gómez de la Rosa, quien acusó que este tipo de propuestas privilegian una lógica de criminalización y represión sobre la atención a las causas que originan las protestas.
El legislador criticó que iniciativas anunciadas por el alcalde de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, para sancionar a menores, así como la propuesta anunciada por el diputado Guillermo Vega para limitar bloqueos, responden a reacciones políticas inmediatas y no a diagnósticos profundos sobre las problemáticas que enfrenta la ciudadanía.
“Primero están construidas al calor de la coyuntura, que me parece que eso es muy lamentable porque además demuestra una narrativa de la derecha que me parece muy peligrosa, todo es punitivo”, declaró.
Gómez de la Rosa sostuvo que estas posturas comparten una lógica de criminalización y represión, al priorizar sanciones antes que soluciones sociales. Consideró que detrás de estas propuestas existe una tendencia a responder con restricciones a expresiones de inconformidad ciudadana.
“Te vas a manifestar, pues hay una represión”, señaló el diputado, quien afirmó que en lugar de atender las demandas ciudadanas se busca desacreditar o castigar a quienes protestan.
Como ejemplo, mencionó el caso de estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro y las movilizaciones relacionadas con artesanos y habitantes de Santa Rosa Jáuregui. “Qué fácil es criminalizar, desacreditar la acción en vez de atacar de fondo los problemas sociales que se están viviendo”.
El legislador afirmó que conflictos como el acceso al agua afectan a distintos municipios y requieren soluciones estructurales. “Ah, no, pues el problema no es el agua, el problema es quien se manifiesta, pues vamos a criminalizarlo”. Abundó que castigar la protesta desvía la atención de problemas públicos que siguen sin resolverse. Pidió escuchar otras voces.