Diputado plantea sanciones sin restringir protestas y garantiza derechos ciudadanos
Aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción comparecerán ante diputados para acreditar experiencia, capacidades y trayectoria profesional
Olivia Arredondo
En el Congreso de Querétaro se promueve una iniciativa para incorporar al Código Penal estatal un nuevo delito enfocado en sancionar afectaciones a la movilidad, tras los recientes bloqueos carreteros registrados en la entidad. El diputado Guillermo Vega adelantó que la propuesta buscará intervenir cuando manifestaciones o cierres generen consecuencias directas a terceros, particularmente en temas económicos, de seguridad y servicios esenciales.
El legislador declaró que la intención no es limitar el derecho a la protesta ni criminalizar expresiones sociales, sino establecer mecanismos jurídicos para responder cuando una manifestación derive en afectaciones colectivas. Explicó que la propuesta partirá de un enfoque estatal distinto al delito federal relacionado con ataques a vías generales de comunicación.
“Vamos a buscar integrar en el Código Penal de Querétaro un delito contra aquellos que afectan la movilidad”, declaró.
Argumentó que los recientes bloqueos dejaron evidencia de impactos que rebasan el derecho a la manifestación. Mencionó afectaciones a estudiantes, trabajadores, proveedores, turistas y transportistas, además de versiones sobre personas que no habrían recibido atención médica oportuna derivado de cierres prolongados.”Puedes hacer lo que quieras, vete a las plazas, está en la banqueta, pon lonas, carteles, todo lo que quieras. El problema es en que afectas a terceros cuando tú tomas una vialidad”, afirmó.
El diputado señaló que la propuesta buscaría actuar contra quienes encabecen o promuevan acciones de cierre y precisó que las sanciones corresponderían al ámbito estatal y serían atendidas por la Fiscalía local. “No busca satanizar ni criminalizar, pero el Estado tiene que tener elementos para que no se dé esto de manera recurrente”, expresó.
Asimismo, aseguró que detrás de algunas movilizaciones existen intereses políticos y acusó participación de actores partidistas en recientes manifestaciones vinculadas con demandas sociales.
Con relación al proceso que iniciará el Congreso para analizar los perfiles de la terna propuesta para encabezar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Guillermo Vega informó que los tres aspirantes participarán en comparecencias públicas ante los 25 legisladores, con el objetivo de exponer su trayectoria, experiencia profesional, capacidades y elementos que permitan evaluar su idoneidad para ocupar el cargo.
“Los tres aspirantes van a poder dialogar de manera pública con las 25 diputadas y diputados para conocer a fondo su trayectoria, su carrera, sus habilidades y sus capacidades”, indicó.Precisó que la legislación establece un plazo de 30 días para concretar la designación y enfatizó que la elección requerirá mayoría calificada.
Explicó que el mecanismo obligará a construir acuerdos políticos entre distintas fuerzas legislativas.”Tenemos que generar mucho diálogo con los partidos políticos que son mayoría en el Congreso, pero que no son gobierno en Querétaro”, señaló.
Sobre las críticas al proceso, defendió que el mecanismo permitirá revisar requisitos, experiencia técnica e independencia política de quienes aspiran al cargo. “En el PAN sí creemos que quienes llegan a este tipo de encomiendas no deben tener sesgos políticos partidistas”, afirmó.