Asegura que Reforma trasladó influencia del nombramiento hacia el Poder Ejecutivo estatal
Olivia Arredondo
La terna enviada para la designación de la próxima persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es un proceso “a modo” derivado de una Reforma Constitucional aprobada por la pasada Legislatura, aseguró la diputada local Claudia Díaz Gayou, quien sostuvo que la discusión de fondo no debe centrarse en los perfiles propuestos sino en el mecanismo bajo el cual se pretende realizar el nombramiento.
La legisladora del Partido del Trabajo afirmó que conoció la integración de la terna a través de los medios de comunicación y señaló que, independientemente de la trayectoria, experiencia o formación profesional de quienes fueron propuestos, el tema central es la manera en que se modificó el proceso de selección del fiscal anticorrupción.
“Más allá de quiénes son los aspirantes, su trayectoria, su experiencia, su profesionalización, me parece que más allá de eso lo que hay que ver es el tema de la forma en la cual se está eligiendo el próximo fiscal para el combate a la corrupción”, declaró.
Díaz Gayou recordó que semanas antes de que iniciara funciones la actual Legislatura se aprobaron cambios constitucionales para que fuera el titular del Poder Ejecutivo quien enviara una terna al Congreso local, situación que, a su consideración, modifica el espíritu original de la figura de la Fiscalía Anticorrupción.
Explicó que esa instancia tiene entre sus responsabilidades investigar y perseguir posibles delitos relacionados con actos de corrupción cometidos por servidores públicos, por lo que cuestionó que el nombramiento surja a partir de una propuesta impulsada desde el Ejecutivo.
“Le pierde la credibilidad que el titular del Poder Ejecutivo esté nombrando a un fiscal”, expresó.
La diputada consideró que la Reforma debilitó la soberanía legislativa y redujo el margen de decisión del Congreso, al señalar que anteriormente el proceso dependía completamente de las y los diputados.
Incluso, al ser cuestionada sobre si el Congreso quedó limitado a una función de trámite, respondió: “Pues sí, efectivamente, este procedimiento, este trámite no viene más allá de cumplir el requisito del mandato constitucional”.
Mencionó que una vez enviada la terna, el Congreso dispone de 30 días para resolver la designación; de no hacerlo, el propio titular del Ejecutivo realizará el nombramiento. “Hoy creo que el fondo no son los aspirantes, el fondo es cómo tienen una ley que prepararon a modo desde la Legislatura pasada”, afirmó.
Sobre los perfiles, reconoció que desconoce su trayectoria académica y profesional y sostuvo que, al final, el procedimiento terminará resolviéndose mediante una mayoría calificada. Incluso, al preguntarle si el nombre de quien resulte designado haría diferencia, respondió: “Pues no, la verdad es que ya los tres van a ser a modo finalmente”.