Homero Barrera afirma que cambio a 2028 evitaría complejidad electoral para ciudadanos en Querétaro
Congreso prepara renovación de la Fiscalía Anticorrupción y promete proceso abierto, público y transparente estatal
Olivia Arredondo
El aplazamiento de la elección del Poder Judicial hasta 2028 obligará al Congreso de Querétaro a realizar ajustes legales y constitucionales, además de redefinir procesos vinculados con magistraturas y cargos judiciales pendientes, informó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Homero Barrera McDonald. Legisladores de Morena señalaron que la propuesta anunciada por la presidenta de la República tendrá efectos directos en la entidad, donde deberán armonizarse Reformas Locales con los cambios federales.
En conferencia encabezada por el Coordinador parlamentario de Morena, Arturo Maximiliano García Pérez, el diputado Homero Barrera explicó que desde 2024 legisladores de la denominada Cuarta Transformación habían advertido riesgos por empatar una Elección Judicial con los comicios constitucionales ordinarios. “Nosotros insistíamos que en el 2025 debería de haber una elección aquí. ¿Para qué? Pues para que no se nos hiciera un tráfico electoral”, declaró.
El legislador manifestó que la propuesta federal plantea recorrer la jornada para juzgadores locales al 4 de junio de 2028. Además, señaló que quienes concluyan funciones en 2027 podrían extender su periodo un año más. Según detalló, en Querétaro la elección alcanzaría a 80 jueces y 13 magistrados.
Homero Barrera precisó que la iniciativa contempla una comisión coordinadora entre poderes para homologar evaluaciones y filtros. “Lo que va a hacer es verificar que cada una de las personas que van a la boleta sean personas que cumplan cabalmente con los requisitos”, afirmó. También mencionó reducción de candidaturas, simplificación de boletas y mecanismos para uniformar procedimientos estatales con los federales.
Sobre las implicaciones locales, indicó que Querétaro modificó previamente 12 artículos constitucionales, pero dejó márgenes abiertos ante posibles cambios federales. Sin embargo, reconoció que sí deberán modificarse 13 artículos transitorios porque contienen fechas específicas. “Estamos obligados a hacer las modificaciones para que nos vayamos a una elección con la homologación de lo que la federación acaba de proponer”.
En la sesión de preguntas y respuestas con medios de comunicación; surgió el caso del magistrado presidente Pablo Guerra, cuyo periodo concluye en 2027. Arturo Maximiliano señaló que podrían construirse disposiciones transitorias para extender funciones. “Habrá que ver cuál sea el planteamiento que se haga”. Homero Barrera complementó que podrían analizar mecanismos para llevar esos casos a procesos electorales posteriores.
El coordinador parlamentario agregó que el aplazamiento también impactará futuras designaciones. Reveló que existe una jubilación ya acreditada en el Poder Judicial y recordó que el Congreso deberá intervenir en ausencias definitivas. “Será la propia legislatura en votación calificada quien decidirá sobre quiénes habrán de ocupar estas ausencias definitivas”.
En ese sentido anunció la próxima renovación de la Fiscalía Anticorrupción, debido al término del periodo constitucional de Benjamín Vargas. Explicó que la intención es evitar procedimientos acelerados. “No queremos que esto se haga en un elemento de fast track, sino que se haga en una comparecencia abierta a los ciudadanos”.
El diputado Sinuhé Piedragil Ortiz aprovechó la conferencia para rechazar versiones sobre presuntas negociaciones políticas en la reforma judicial. “Eso es equívoco, falso y una gran mentira”, afirmó, al sostener que el contenido aprobado siguió la línea federal impulsada desde Morena.
La bancada también defendió la inclusión de la escuela judicial local. Homero Barrera aseguró: “La escuela judicial es una propuesta del grupo parlamentario”. Añadió que surgió de trabajos con la Consejería Jurídica federal para corregir áreas detectadas tras la elección judicial de 2025.
En otros temas, Arturo Maximiliano García desestimó campañas impulsadas desde Acción Nacional para vincular a Morena con grupos criminales y cuestionó consultas o estrategias que, dijo, distraen de asuntos prioritarios para Querétaro como movilidad, agua, violencia familiar y bienestar animal. “Es una ocurrencia que verdaderamente no le abona a Querétaro”, señaló.