Caso Tequisquiapan sigue bajo investigación por posibles responsabilidades administrativas
Francisco Covarrubias pide actualizar normas para mejorar coordinación institucional
Olivia Arredondo

La relación entre la Entidad Superior de Fiscalización del Estado y el Congreso local atraviesa un momento de revisión institucional, pero no de ruptura. El auditor superior de Querétaro, Francisco Javier Covarrubias Enríquez, declaró que la ESFE ha actuado con apego al marco legal vigente y abrió la puerta a una reforma normativa que permita fortalecer la comunicación con la Legislatura y mejorar los mecanismos de fiscalización.
Luego de los cuestionamientos que prevalecen desde el Poder Legislativo sobre señalamientos a los procesos de revisión, el auditor rechazó que exista opacidad o control indebido de la información. “Definitivamente no hay ningún secuestro de información, no hay ningún incumplimiento al marco a la Constitución y a la ley”, afirmó.
Explicó que la actuación de la ESFE está delimitada por la Constitución, la Ley de Fiscalización y la Ley Orgánica del Congreso. Para ejemplificarlo, utilizó un ejemplo: “Yo tengo que transitar sí o sí, no tengo opción para no transitar por ahí, por una carretera pavimentada que se llama Constitución, Ley de Fiscalización y Ley Orgánica del Congreso”.
Señaló que el marco actual limita la interacción entre ambas instancias, por lo que consideró necesario revisar la legislación y construir nuevas reglas. Incluso expresó interés en participar en mesas de análisis.
También negó un distanciamiento con el Congreso Local y precisó que solo ha recibido un oficio y una llamada telefónica. “De ninguna manera está rota”, sostuvo.

Sobre el caso Tequisquiapan, indicó que se detectó un número importante de observaciones relacionadas con ausencia de documentos que acrediten pagos o servicios contratados. Explicó que varias irregularidades continúan bajo investigación y podrían derivar en responsabilidades.
“Si no encontramos por ningún lado qué es lo que se pagó, va tomando una forma de presunto desvío de recursos”, advirtió. Abundó que la investigación no se limita a servidores públicos, sino que también alcanza a proveedores involucrados en contratos públicos.
El auditor informó que existen siete expedientes de cuenta pública 2023 con investigaciones avanzadas y alrededor de 40 expedientes derivados de la revisión 2024 que siguen en análisis.