Nueva Ley permite modificar nombre y género en actas de nacimiento
Olivia Arredondo
El Pleno de la 61 Legislatura del Estado de Querétaro aprobó la reforma al Código Civil que reconoce el derecho a la identidad de género autopercibida mediante un procedimiento administrativo ante el Registro Civil, consolidando un cambio legal largamente discutido en la entidad.
El dictamen avalado establece que cualquier persona podrá solicitar la modificación de su nombre y sexogénero en el acta de nacimiento, a través de un trámite ágil, confidencial y accesible, sin necesidad de presentar dictámenes médicos, psicológicos o periciales.
De acuerdo con el documento legislativo, esta medida se sustenta en el respeto al principio de autodeterminación, alineándose con estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Durante la exposición del contenido, se precisó que la reforma “permite a las personas que lo soliciten, modificar su nombre y sexogénero en el acta de nacimiento, en cumplimiento con los estándares internacionales”, además de garantizar “un proceso administrativo ágil, confidencial y accesible, eliminando la necesidad de dictámenes médicos, psicológicos o periciales”.
La aprobación se dio tras un proceso legislativo que retomó iniciativas presentadas en legislaturas anteriores y que no habían prosperado. En esta ocasión, el dictamen fue impulsado en comisiones y llevado al Pleno, donde generó un debate que reflejó diferencias ideológicas entre las bancadas.
A favor, legisladores destacaron que el reconocimiento legal de la identidad de género permitirá reducir la discriminación en ámbitos como salud, educación y empleo, al otorgar certeza jurídica en documentos oficiales. En contraste, voces en contra advirtieron sobre posibles vacíos normativos y cuestionaron los alcances de la reforma en distintos espacios sociales.
Con esta decisión, Querétaro se incorpora al grupo de entidades que ya cuentan con mecanismos legales para el reconocimiento de la identidad de género, estableciendo una vía administrativa que sustituye procesos judiciales previos y que coloca en el centro el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
La reforma aprobada marca un precedente en la legislación estatal al reconocer de manera expresa la identidad autopercibida, en un contexto de exigencias sociales que durante años demandaron este tipo de garantías legales.