Reforma propone que Congreso seleccione terna y garantice mayor pluralidad democrática
Olivia Arredondo
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Legislatura de Querétaro reunió al Constituyente Permanente para analizar reformas a la Constitución estatal, entre ellas una propuesta para fortalecer la autonomía de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y devolver al Congreso la facultad de participar en la designación de la terna para la titularidad de este órgano.
En el encuentro participaron representantes de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Corregidora, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Pedro Escobedo, Peñamiller, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán, quienes forman parte del Constituyente Permanente y participaron en el análisis del proyecto.
El presidente de la comisión, Homero Barrera Mcdonald, explicó que la participación municipal es necesaria al tratarse de una modificación constitucional. Detalló que la propuesta concentra dos iniciativas y busca modificar el mecanismo de selección de los fiscales anticorrupción.
Por su parte, el diputado Eric Silva Hernández, coautor de la iniciativa, sostuvo que el combate a la corrupción debe formar parte de las prioridades de un gobierno y planteó que el procedimiento de selección regrese al ámbito legislativo.
El legislador señaló que la intención es evitar que la designación quede únicamente en manos del Ejecutivo y generar condiciones de pluralidad, diversidad y democracia para elegir a quien encabece esta función.
De acuerdo con el planteamiento, el objetivo es contar con un fiscal anticorrupción que garantice un desempeño adecuado durante el periodo para el que sea designado.
Durante la reunión también se abordó una reforma constitucional relacionada con la iniciativa preferente. Barrera Mcdonald explicó que esta figura ya existe, pero carece de un procedimiento que asegure su discusión dentro de plazos definidos.
La propuesta permitiría al Ejecutivo señalar hasta dos iniciativas como preferentes. Las comisiones legislativas tendrían un plazo máximo de 30 días naturales para analizarlas y votarlas.
En caso de que no exista un pronunciamiento dentro de ese periodo, los proyectos pasarían directamente al Pleno como primer asunto de la siguiente sesión.
El presidente de la comisión aclaró que la iniciativa no implica una aprobación automática de las propuestas del Ejecutivo, sino que establece la obligación del Congreso de discutirlas y emitir una determinación.
“La figura permite garantizar que temas urgentes no queden atrapados en dinámicas políticas o personales que retrasan su discusión”, expuso Barrera Mcdonald al explicar el propósito de esta modificación.
Con ambas propuestas, la Comisión de Puntos Constitucionales inició el análisis con los integrantes del Constituyente Permanente, como parte del procedimiento requerido para las Reformas a la Constitución Política del Estado de Querétaro.
