Presidenta de Morena exige investigaciones profundas tras ataques contra oficinas de su partido
Olivia Arredondo
La dirigencia estatal de Morena en Querétaro exigió que se esclarezca el origen de las amenazas denunciadas por el regidor Fernando Flores Avse y cuestionó si detrás de los hechos existe algún interés político o un grupo que busque generar tensión en el escenario público local. La presidenta del partido Gisela Sánchez Díaz de León, afirmó que el discurso atribuido al presunto responsable contiene referencias vinculadas con sectores de ultraderecha y advirtió que el caso no debe reducirse únicamente a una conducta aislada.
“Nos preguntamos quién lo envió, porque él viene con un discurso de Trump. Entonces, ¿Quién lo mandó?”, declaró.
La dirigente morenista señaló que el tema adquiere relevancia política debido al clima de confrontación que se vive actualmente en distintos espacios públicos y partidistas, por lo que consideró necesario conocer si existe una red detrás de este tipo de intimidaciones.
Aunque reconoció que el seguimiento jurídico corresponde directamente al regidor, insistió en que el caso debe investigarse a fondo.
Sánchez Díaz de León también recordó que las oficinas estatales de Morena han sido objeto de daños en al menos cuatro ocasiones, situación que, aseguró, provocó afectaciones operativas y un ambiente de inseguridad entre trabajadores y militantes del partido.
“Cuatro veces han roto la puerta”, afirmó.
Abundó que en uno de los casos un hombre ingresó y “rompió todos los vidrios de adentro”, aunque posteriormente fue detenido.
Sobre las investigaciones, explicó que una de las versiones entregadas por autoridades ministeriales apunta a que algunos responsables habrían actuado bajo amenazas telefónicas y presiones externas. “Lo habían extorsionado, que estuvo recibiendo órdenes por teléfono y que eso es frecuente”, comentó.
La dirigente cuestionó además que las sanciones aplicadas únicamente contemplaran el pago de los daños materiales. “No es solo lo que cuesten los vidrios, es que estuvimos una semana sin poder trabajar bien, inseguros”, expresó. El caso abrió debate político sobre seguridad pública.