Solicitaron devolver la Iniciativa a comisiones por impactos sociales y jurídicos
Olivia Arredondo
El Frente Nacional por la Familia en Querétaro, junto a diversas organizaciones civiles, fijó un posicionamiento crítico frente a la reciente Reforma al Código Civil en materia de Identidad de Género, al advertir que representa “una alteración profunda del orden jurídico” y solicitar su devolución a comisiones para revisión.
Patricia Dorantes, del Frente Nacional por la Familia Querétaro, manifestó: “Este posicionamiento no está en contra de la dignidad de ninguna persona, sin embargo, consideramos que las leyes deben construirse con claridad, responsabilidad y visión integral”.
Mercedes Pisuto de Marván explicó que la reforma aprobada el 30 de abril permite modificar nombre y sexo legal “basándose en su autopercepción, con efectos jurídicos frente a terceros”, lo que, dijo, “no es un cambio meramente administrativo, es una transformación estructural del sistema de identidad jurídica”.
Wanda Franco advirtió vacíos normativos: “No define límites del procedimiento, no establece efectos claros en matrimonio, herencias, filiación, contratos”. Agregó que esto podría generar “interpretaciones contradictorias, conflictos judiciales y aumento de litigios familiares”.
Desde el ámbito psicológico, Myriam Morales señaló riesgos para menores: “No se requieren diagnósticos médicos ni psicológicos, un menor podría tomar una decisión legal permanente basada en una etapa emocional pasajera”.
Virginia Sosa mencionó los impactos en espacios diferenciados: “Baños, vestidores, refugios, se puede prestar a afectación a la privacidad y seguridad”. Enrique Marván enfatizó que la ausencia de protección a la objeción de conciencia: “No se contemplan mecanismos para proteger a profesionales de la salud, docentes, instituciones”.
Por parte de Toda Vida Vale, Maviela León dijo que la Reforma “abre la puerta a la incertidumbre jurídica”, mientras Omar Solano y Andrea Arámburo respaldaron el análisis de riesgos en infancia, destacando “inmadurez cognitiva y ausencia de evaluación profesional”.
Sobre la posible revisión del Ejecutivo, uno de los manifestantes indicó: “El gobernador tiene la obligación de revisar la Iniciativa y ver todos los efectos que puede causar en la convivencia social y armónica”. Además, en relación con el libre desarrollo de la personalidad consideraron que debe apegarse a la objetividad y reglas claras que aplican a todo mundo”.
Finalmente, las organizaciones solicitaron que dicha Ley sea regresada a comisiones para establecer reglas claras, certeza jurídica y mecanismos que eviten abusos”.