Olivia Arredondo
La diputada Laura Andrea Tovar Saavedra advirtió sobre los riesgos de opacidad y posibles decisiones a modo en el proceso de designación del próximo fiscal anticorrupción, al tiempo que señaló pendientes en el desempeño de la institución tras casi una década de operación.
La legisladora explicó que el procedimiento iniciará en mayo y estará sujeto a una terna enviada por el Ejecutivo, seguida de la evaluación legislativa. Enfatizó la necesidad de replicar esquemas abiertos: “Valdría la pena hacer lo mismo que se hizo cuando se nombraron magistrados y se nombró al Fiscal General, que fue una serie de entrevistas con los interesados y las interesadas para conocer sus perfiles”.
Insistió en que el cargo exige máxima transparencia por su impacto directo en el control del poder público: “Es quien determina si los servidores públicos cometimos actos de corrupción o si es que se ha utilizado el dinero público de manera errónea o de manera indebida”.
Cuestionada sobre la posibilidad de designaciones dirigidas, reconoció el riesgo: “Pues sí, como siempre sucede. Puede que sea así”, aunque reiteró que la apertura del proceso puede contrarrestarlo y dar certeza ciudadana.
También planteó que el nuevo perfil debe surgir de consensos, al no existir mayoría calificada en una sola fuerza política: “Tendríamos que buscar un perfil que sea neutral, que no tenga ningún ejercicio partidario, que no tenga injerencia política”.
Sobre el desempeño del actual modelo, señaló rezagos: “Hay cosas que quedaron todavía en el limbo o que quedan en las contralorías internas”, y ejemplificó con casos sin responsables claros en desvío de recursos. Abundó que podrían existir limitaciones estructurales: “Si es un tema que le falte a la Fiscalía más dientes para poder actuar”.
En materia de recuperación de recursos, rechazó la creación de más estructuras burocráticas y exigió claridad: “Más bien determinar qué pasa con estas reparaciones del daño, en qué se aplica”.
Finalmente, dijo que el nuevo nombramiento abre la oportunidad de corregir fallas y cambiar la percepción pública sobre el combate a la corrupción.