Dictamen evidencia fallas en procesos y documentación de auditorías estatales
Olivia Arredondo
La Comisión Especial de Vigilancia del Congreso Local aprobó el dictamen del Informe General del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, en una sesión marcada por posturas divididas entre sus integrantes. El resolutivo fue avalado con dos votos a favor y uno en contra, lo que evidenció diferencias sobre la evaluación del desempeño de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado.
Durante la sesión, la presidenta de la comisión, Claudia Díaz Gayou, dio lectura al informe, en el que se concluye que el documento revisado no cumple con las disposiciones legales aplicables. “Después de verificar el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024 y la información a la que tuvo acceso, determina que este no cumple con las disposiciones legales aplicables”, señaló.
El dictamen establece que la entidad fiscalizadora no atendió de manera completa los requerimientos de información formulados por la comisión, lo que derivó en observaciones sobre la integración de los informes individuales. En ese sentido, se plantearon medidas para fortalecer los procesos de auditoría, desde la planeación hasta la presentación de resultados, así como garantizar el cumplimiento en materia de protección de datos personales.
De acuerdo con lo expuesto, el proceso de fiscalización, tal como fue presentado, no satisface plenamente los principios rectores establecidos en la legislación estatal y federal. “El proceso de fiscalización superior, en los términos en que fue presentado, no satisface de manera plena los principios rectores que rigen la función fiscalizadora”, se asentó en el documento.
Previo a la aprobación del informe general, la comisión avaló los dictámenes individuales de 52 entidades públicas estatales y municipales, también con mayoría de votos, mientras que el caso del municipio de Tequisquiapan quedó pendiente tras registrarse un empate en la votación.
En asuntos generales, el diputado Ulises Gómez expresó su respaldo al dictamen, mientras que el legislador Antonio Zapata argumentó su voto en contra, al señalar posibles conflictos de interés en la conducción de los trabajos de la Comisión, lo que profundizó el debate sobre la transparencia y la imparcialidad en el proceso de fiscalización.