Reforma electoral afecta pequeños partidos y limita la democracia mexicana
Olivia Arredondo
La diputada federal María Lorena García Jimeno Alcocer criticó la propuesta de Reforma Electoral, advirtió que “esta Reforma llega con condiciones que no resuelven el principal problema que tenemos hoy por hoy, que es el dinero de procedencia ilícita”.
Durante la entrevista, destacó que el crimen organizado ya influye en varios escaños políticos y que la iniciativa no prevé sanciones para quienes usen recursos ilícitos ni contempla retirar el registro a partidos asociados con actividades delictivas. “Todo lo demás es ornamento”, enfatizó, y subrayó que los ciudadanos perciben otras prioridades; medicinas, educación y apoyos sociales que impactan directamente en su vida.
Respecto a los plurinominales, explicó que aunque Acción Nacional podría beneficiarse como segunda fuerza política, el problema central es la reducción de los órganos estatales del INE, lo que debilita al árbitro electoral y favorece la concentración de poder. Señaló que “esta ley quita a todos los pequeños participantes de los procesos electorales, los debilita con presupuesto, los debilita en también en la participación ciudadana, les pone condiciones que se va a acabar quedando el país con dos, si bien nos va, con solo dos partidos. Eso no es democracia. No estamos de acuerdo”.
Sobre la 4T, la diputada consideró que si partidos como el Verde y el PT rechazan la reforma, estarían protegiendo sus intereses y evitando un impacto negativo. Abundó que la participación ciudadana es clave para preservar condiciones de vida óptimas, citando a Querétaro como ejemplo: “Si queretanizamos el país, las condiciones de vida de Querétaro son muy por encima de lo que estamos viendo en los demás estados”.
En cuanto a su agenda legislativa, la diputada federal informó sobre más de 30 iniciativas presentadas, incluyendo la elevación del derecho a la conectividad a rango constitucional. “Sí se habla de que ya se va a subir la posibilidad de tener internet, pero lo necesitamos establecer en la Constitución para que todo mexicano tenga derecho a tener la conectividad”, explicó. Calculó que, de aprobarse y garantizarse el presupuesto, podría lograrse cobertura total en dos a tres años.